Maria Laura Castillo, High Andean Wetlands Program, FARN
Las narrativas del modelo de transición energética del Norte Global promueven la minería de litio como una solución para combatir al cambio climático, a partir del uso del mineral en baterías para almacenamiento de energías renovables. Sin embargo, la mayor demanda de litio proviene de la industria automotriz, para la alimentación de baterías de vehículos eléctricos individuales.
Hoy la carrera geopolítica por el control de la cadena de suministro de minerales para dicha transición aumenta la presión sobre los países que los poseen, y está poniendo en jaque la integridad de los ecosistemas en los que se encuentran, su biodiversidad asociada, y favorece dinámicas de vulneración de derechos humanos.
La Agencia Internacional de Energía proyecta que la demanda de litio para la producción de baterías aumente hasta 42 veces para el año 2040 en comparación con 2020; en tanto que el Banco Interamericano de Desarrollo prevé que sea un 1036% superior a los niveles de 2020. Estas estimaciones, de todas formas, no son claras, y se enfocan principalmente en la movilidad individual, dejando de lado el transporte público.
En este sentido, el modelo de transición no cuestiona el paradigma de hiperconsumo que ha generado las múltiples crisis actuales. Los países de altos ingresos consumen alrededor del doble del promedio mundial de energía y minerales per cápita, y, sin embargo, no se plantea la urgencia en la reducción de la demanda de bienes ambientales.
Este modelo tampoco aborda adecuadamente los impactos que genera sobre el ambiente y los derechos humanos. Hay proyecciones que indican que para satisfacer la extraordinaria demanda de litio será necesaria una aceleración masiva de su producción y procesamiento en un corto período de tiempo, lo que exacerba las presiones ambientales sobre los ecosistemas y las comunidades.
Un dato clave: más de la mitad de los minerales considerados “críticos” están en tierras indígenas o cerca de ellas.
Los humedales andinos de Argentina, Chile y Bolivia - que concentran en conjunto alrededor del 53% de las reservas mundiales de litio en salmuera - son hogar de comunidades indígenas que los habitan desde tiempos ancestrales con base en el “Buen Vivir” y que desempeñan un papel clave como guardianas de la biodiversidad.
Estos ecosistemas frágiles se emplazan en zonas áridas de balance hídrico natural anual negativo donde el agua es el elemento que define la vida. Por su función de reguladores hídricos son clave para la adaptación al cambio climático. Asimismo, a través de la vegetación y de microorganismos adaptados a sus condiciones extremas, secuestran y almacenan CO2, central para la mitigación del cambio climático.
Paradójicamente, en nombre de una alegada lucha contra el cambio climático, la minería de litio -calificada como minería de agua- atenta directamente contra estas contribuciones, e incluso puede liberar de gases de efecto invernadero almacenados en los humedales.
El Marco Mundial de Biodiversidad establece metas claras para abordar la pérdida de biodiversidad, que deben accionarse de manera participativa y en consulta con las comunidades indígenas. Sin embargo, la minería de litio avanza en distintos casos a contramano de estos preceptos, sin información, sin participación, sin procesos adecuados de evaluación de impacto ambiental y sin consentimiento de las comunidades indígenas.
Las crisis globales en materia de clima, biodiversidad y contaminación demandan un abordaje integral, que modifique los patrones insostenibles que perpetúan la degradación ambiental y el avasallamiento de los derechos humanos.
Los Estados deberán establecer compromisos claros y avanzar en acciones concretas para avanzar hacia las transiciones socioecológicas integrales construidas participativamente, sobre los pilares de los derechos humanos y en pleno respeto de los límites planetarios.